Cive quiere seguir trabajando

Trabajadores de CIVE encadenados en la explanada municipal

Foto: Indymedia Córdoba

Algunos trabajadores de CIVE se encadenaron frente al Palacio Municipal para solicitar un pronto despacho del intendente Giacomino sobre la ordenanza del Consejo Deliberante. Si bien el jefe comunal tiene plazo hasta el viernes 12 para expedirse, la indefinición se presenta preocupante. Simultáneamente a la declaración de Utilidad Pública, con una velocidad llamativa, la Jueza Antenucci decidió entregar CIVE a Ardiles y en ese marco apresurar todos los trámites judiciales que culminarían aparentemente con el cierre definitivo de la fábrica.

Pero la trama también tiene otros actores. Marcel Bonetto, Secretario de Gobierno de Giacomino es uno de los socios principales de Ardiles y quien influiría en que Giacomino vete el proyecto de expropiación. Inclusive, Adrián Vitali, ex director del CPC Villa El Libertador, denunció en su momento que Ardiles y Bonetto se presentaron el año pasado en su despacho presionándolo para que realizara inspecciones y clausurara la planta con la intención de apresurar el trámite de quiebra con las instalaciones paradas y vacías.

Tras los rumores generalizados del veto que el Intendente ejecutaría sobre la declaración de Utilidad Pública por parte del Consejo Deliberante, la Cooperativa a través de sus representantes legales entregó una propuesta que fue recibida por el ministro de Justicia, Luis Angulo, y el secretario de Trabajo, Omar Sereno, quienes la giraron a los abogados de Ardiles. El texto propone un acuerdo para que en el caso de que Ardiles tome posesión de la fábrica, existan garantías firmadas sobre el futuro de CIVE. Más precisamente, que los trabajadores no pierdan la antigüedad, la continuidad de todas las fuentes de trabajo y un plazo de estabilidad laboral en torno de los cinco años.

Los abogados que representan al empresario Hugo Ardiles ratificaron su postura sobre el acuerdo judicial por medio del cual se entregó el control de la firma quebrada afirmando que no harían un acuerdo “con una cooperativa que no existe” y que sólo concurren al Ministerio de Justicia “por respeto” a la citación. Las palabras de los abogados dan cuenta del menosprecio y poca importancia que le dan a los trabajadores, eludiendo que la cooperativa si existe (matricula de INAES nro. 34859), la cual surge como respuesta ante el avasallamiento hacia las fuentes de trabajo de CIVE.

En nuestra provincia, durante el gobierno de Mestre, un proceso similar terminó con la quiebra de la Cervecería Córdoba y la posterior venta de sus instalaciones a capitales chilenos. En aquella ocasión, lxs trabajadores también hicieron una toma pacífica con un amplio apoyo popular. En aquel momento los chilenos se comprometieron a mantener la empresa en funcionamiento (al igual que hoy lo hace Ardiles en el caso CIVE), bajo la pena de pagar una multa millonaria si no cumplían lo prometido. No obstante lo anterior, al otro día de firmado el fallo mudaron la fábrica a Río II, despidieron prácticamente a todo el personal y jamás nadie tuvo sanción alguna.

Con estos antecedentes, y considerando que el empresario que promete la reincorporación a los empleados es el mismo que tuvo participación en la quiebra de CIVE, se entiende la desconfianza por parte de los trabajadores hacia Hugo Ardiles y más aún cuando se conoce la escandalosa vista gorda en que incurre el Poder Judicial en casos como este.