Durante la mañana del martes 30los trabajadoresharemos una rueda a la plaza San Martín como señal de protesta ante un Gobierno que le da vuelta la cara a los trabajadores de su Ciudad, que inmersos en un conflicto laboral grave, luchan por preservar las fuentes de trabajo.
A las 16 nos movilizamos todos al Min. de Justicia donde se continuará con las “negociaciones” con el empresario Ardiles.
Los trabajadores necesitan del apoyo de la ciudadanía de Córdoba. Sin banderas partidarias, sólo los trabajadores con sus chalecos y pancartas individuales.
Hagamos valer nuestra voz para exigir que en Córdoba prime el trabajo y la dignidad por sobre el enriquecimiento individual ilícito y corrompido.
El Mtro. de Justicia, Angulo, el martes 23 consiguió (a partir de intimarlo) que el empresario designado como acreedor privilegiado se sentará a negociar con los trabajadores, que exigen estabilidad laboral, preservar las fuentes de trabajo. No quieren indemnizaciones, quieren trabajo genuino y digno.
La situación se ha complicado aun más a partir del vetó de Giacomino a la declaración de Utilidad Publica. Para reafirmar la ordenanza se necesitan 2/3 de los votos en el Concejo, pero los concejales no se animan a jugarse y votar por los trabajadores, inclinándose por hacer la vista gorda y permitir que Ardiles y cia. continúen haciendo negocios turbios, sin importar cuantas familias quedan a la deriva.
La cooperativa de los trabajadores de CIVE comunicamos a los medios, agrupaciones sociales y políticas, y ciudadanía en general lo siguiente:
1) Que en el día de ayer a partir de las 8.30, ocho compañeros nos encadenamos a metros del despacho del Sr. Intendente de la ciudad, Sr. Daniel Giacomino para exigirle la audiencia que solicitamos hace 15 días y no fue concedida. A la 1.45 am, cuando se habían retirado los medios de comunicación y estábamos durmiendo; nos despertaron a golpes y patadas mientras nos leían la intimación de desalojo. El operativo fue realizado pese a la garantía que el Sr. Ruiz Moreno le había dado al Dir. de Derechos Humanos, Sr. Baronetto, que esa noche no se iba a proceder con el desalojo, hecho que finalmente ocurrió con un despliegue de más de 70 efectivos, incluido el grupo GEO.
2) Que en el día de hoy, en la interpelación que se le realizó al Sr. Bonetto en la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante, quedó asentado en un documento público que el funcionario no sólo conoce a Ardiles, sino que también mantuvieron vínculos comerciales y actualmente tres hermanos de él son empleados de Ardiles en la empresa HASA CRISTALES S.A., que se dedica a la producción de vidrios en la ciudad de Río III. Esto contradice lo negado por el Sr. Bonetto y el Sr. Ardiles hasta el momento en los medios de comunicación (ambos manifestaron no conocerse); sin contar las contradicciones en las que incurrió el Sr. Bonetto en su exposición de hoy.
3) Que a las 17.45, el Sr. Daniel Giacomino giró al Concejo Deliberante el veto de la ordenanza que declara a CIVE de utilidad pública y sujeta a ocupación temporaria.
4) Que atento a los hechos de los en los puntos anteriores, la cooperativa no tiene dudas de que el motivo del veto es el negocio que mantiene el Sr. Bonetto con el Sr. Ardiles y el compromiso que tiene el Sr. Intendente, en el marco de la concertación público privada, con el grupo Edisur, para el avance en la zona donde se encuentra situada la fábrica de desarrollos inmobiliarios. En consecuencia, la Asamblea de la cooperativa declara:
1) Que la Cooperativa fue conformada por los 70 trabajadores de CIVE y que el hecho de que haya habido compañeros que fueron presionados para hacer el exámen preocupacional, no significa que se encuentren fuera de la cooperativa. Es decir, al momento, todos los trabajadores seguimos unidos en la lucha por conservar nuestra fuente de trabajo.
2) Que seguiremos tal cual fuera previsto la semana pasada, en la mesa de negociación abierta por el Ministerio de Justicia, con la postura definida en la Asamblea por la cual, ingresamos los 70 o ninguno.
3) Paralelamente, mañana en el Concejo Deliberante estaremos presentes para peticionarles a nuestros representantes que traten sobre tablas el proyecto el jueves y ratifiquen la ordenanza que declara a CIVE de utilidad pública y sujeta a ocupación temporaria. Se le pedirá a los concejales que votaron ya dos veces a favor de los trabajadores, que mantengan su compromiso y lo traten favorablemente sobre tablas el jueves para su ratificación.
4)Convocamos a toda la ciudadanía, a una movilización al Concejo para el día Jueves a las 10 hs. cuando se tratare la ratificación de la Ordenanza. Es importante que contemos con el apoyo de todos los que nos han acompañado en la lucha hasta el momento y que se sumen todos los que quieran solidarizarse con nuestra causa. Es la última instancia política que nos queda.
5) En la fábrica, resistiremos hasta el final cualquier desalojo que ocurriere a partir del día de la fecha hasta que el Sr. Ardiles garantice nuestra incorporación a la fábrica. Nosotros queremos trabajar, y pase lo que pasare, la cooperativa seguirá funcionando.
NUESTRO CASO PONE EN EVIDENCIA LA COMPLICIDAD DE TODO EL ARCO POLÍTICO DE CÓRDOBA PARA TAPAR UN NEGOCIO GRANDE QUE INVOLUCRA, HASTA EL MOMENTO, AL SR. BONETTO.
TRANSPARENTAR LA GESTIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO, DEBE SER TAREA DE TODOS, NO UNA PROMESA DE CAMPAÑA.
Trabajadores de CIVE encadenados en la explanada municipal
Foto: Indymedia Córdoba
Algunos trabajadores de CIVE se encadenaron frente al Palacio Municipal para solicitar un pronto despacho del intendente Giacomino sobre la ordenanza del Consejo Deliberante. Si bien el jefe comunal tiene plazo hasta el viernes 12 para expedirse, la indefinición se presenta preocupante. Simultáneamente a la declaración de Utilidad Pública, con una velocidad llamativa, la Jueza Antenucci decidió entregar CIVE a Ardiles y en ese marco apresurar todos los trámites judiciales que culminarían aparentemente con el cierre definitivo de la fábrica.
Pero la trama también tiene otros actores. Marcel Bonetto, Secretario de Gobierno de Giacomino es uno de los socios principales de Ardiles y quien influiría en que Giacomino vete el proyecto de expropiación. Inclusive, Adrián Vitali, ex director del CPC Villa El Libertador, denunció en su momento que Ardiles y Bonetto se presentaron el año pasado en su despacho presionándolo para que realizara inspecciones y clausurara la planta con la intención de apresurar el trámite de quiebra con las instalaciones paradas y vacías.
Tras los rumores generalizados del veto que el Intendente ejecutaría sobre la declaración de Utilidad Pública por parte del Consejo Deliberante, la Cooperativa a través de sus representantes legales entregó una propuesta que fue recibida por el ministro de Justicia, Luis Angulo, y el secretario de Trabajo, Omar Sereno, quienes la giraron a los abogados de Ardiles. El texto propone un acuerdo para que en el caso de que Ardiles tome posesión de la fábrica, existan garantías firmadas sobre el futuro de CIVE. Más precisamente, que los trabajadores no pierdan la antigüedad, la continuidad de todas las fuentes de trabajo y un plazo de estabilidad laboral en torno de los cinco años.
Los abogados que representan al empresario Hugo Ardiles ratificaron su postura sobre el acuerdo judicial por medio del cual se entregó el control de la firma quebrada afirmando que no harían un acuerdo “con una cooperativa que no existe” y que sólo concurren al Ministerio de Justicia “por respeto” a la citación. Las palabras de los abogados dan cuenta del menosprecio y poca importancia que le dan a los trabajadores, eludiendo que la cooperativa si existe (matricula de INAES nro. 34859), la cual surge como respuesta ante el avasallamiento hacia las fuentes de trabajo de CIVE.
En nuestra provincia, durante el gobierno de Mestre, un proceso similar terminó con la quiebra de la Cervecería Córdoba y la posterior venta de sus instalaciones a capitales chilenos. En aquella ocasión, lxs trabajadores también hicieron una toma pacífica con un amplio apoyo popular. En aquel momento los chilenos se comprometieron a mantener la empresa en funcionamiento (al igual que hoy lo hace Ardiles en el caso CIVE), bajo la pena de pagar una multa millonaria si no cumplían lo prometido. No obstante lo anterior, al otro día de firmado el fallo mudaron la fábrica a Río II, despidieron prácticamente a todo el personal y jamás nadie tuvo sanción alguna.
Con estos antecedentes, y considerando que el empresario que promete la reincorporación a los empleados es el mismo que tuvo participación en la quiebra de CIVE, se entiende la desconfianza por parte de los trabajadores hacia Hugo Ardiles y más aún cuando se conoce la escandalosa vista gorda en que incurre el Poder Judicial en casos como este.
El 27 de marzo la jueza Marcela Antenucci del Tribunal Civil y Comercial Nº 52 envió la orden de cierre de la empresa. Desde ese día comenzó la resistencia de los 70 operarios. Sin resignarse a perder su trabajo se movilizaron. Luego de un mes de esperar en la puerta de la fábrica el 27 de Abril los operarios tomaron pacíficamente la planta.
Ante la falta de respuestas por parte de la Jueza, el jueves 14 de Mayo miembros de la Cooperativa de CIVE, sus familias, movimientos políticos y sociales y distintos funcionarios públicos marcharon hacia el Concejo Deliberante para pedir se apruebe el proyecto que declare el edificio de Utilidad Pública. Este proyecto fue redactado por las Concejales del Frente Cívico Marta Juárez y Alejandra del Boca junto con los trabajadores.
Declarar la fábrica "edificio de Utilidad Pública" implica la expropiación y la ocupación temporal por parte de la Municipalidad con un contrato especial que concede el uso a los empleados por dos años. A cambio los empleados pagarían entre diez mil a veinte mil pesos por mes para comprar la fábrica. La toma de posesión temporal es una figura que prevé la ley de Expropiación provincial para todos estos casos desde el año 2001 cuando la crisis del país y el surgimiento de Cooperativas para recuperar empresas fueron mucho más grandes.
CIVE es una empresa dedicada a la fabricación industrial de cristales templados y laminados para automotores y vidrios.
La empresa ocupa un amplio terreno de 2 hectáreas, ubicadas sobre Vélez Sársfield 4337 (Barrio Artigas), una de las avenidas principales de Córdoba, y a solo 30 cuadras del centro de la ciudad, esta localización estratégica ha despertado desde el principio la ambición de unos cuantos por su atractivo valor para emprendimientos inmobiliarios.
A principios del 2006 es declarada en Quiebra Indirecta con Continuidad. Esto significa que se apartó a los dueños y se nombró una sindicatura. Es decir profesionales nombrados por el juzgado para llevar adelante la fábrica: Dra. Tequillo y Dr. Pose.Ese mismo año se les quedó debiendo a los obreros una suma de 5 mil y 6 mil pesos.
Ante esta situación de inestabilidad los trabajadores decidieron constituirse en cooperativa para preservar las fuentes de trabajo.
Ante las trabas impuestas por la Jueza, la Cooperativa presentó ante el Consejo Deliberante una solicitud para que la empresa sea declarada de utilidad pública y sujeción a ocupación temporaria y puesta en producción por parte de sus trabajadores, quienes genuinamente están interesados por la continuidad productiva de la misma. Ello significa que el Concejo Deliberante, por declaración de utilidad pública, concede la empresa en comodato a los trabajadores para que la exploten por dos años y demuestren que en sus manos es viable. El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante y ahora se está a la espera de que el intendente promulgue esta ordenanza. Si esto sucede la Municipalidad no deberá estar obligada a indemnizar al acreedor privilegiado actual (al contrario de lo afirmado por Marcelo Cossar, concejal por la UCR) ya que se hace uso de la figura de ocupación temporánea, la misma que se utilizó en el Caso de la Cooperativa de salud Junín.
Cooperativa de Trabajo conformada por los trabajadores de CIVE S.A.I.C. ante la quiebra de la empresa.
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Este blog surge para clarificar la información confusa que desde los medios de comunicación se difunde sobre nuestro conflicto. El espacio queda abierto para quienes quieran comentar.
"¿Qué se esconde detrás de la quiebra de CIVE SA, decretada por la Jueza Antonucci?. ¿Por qué no contempla lo que fija la Ley de Concursos y Quiebras sobre la propuesta de los empleados para la continuidad de la empresa?. Por qué si hay empresas recuperadas en el país y en Córdoba como Clínica Junín?. ¿O es que la Jueza entiende que los empleados de CIVE SA son infradotados?. Su Señoría ¿tiene idea de que hay un tremendo problema social en sus manos?. ¿Por qué acepta la propuesta de Hugo Ardiles acreedor privilegiado de la quiebra?. ¿Dónde está el dinero para pago de sueldos e indemnizaciones que desapareció?. ¿Por qué Ardiles, acreedor privilegiado, va a cobrar cuando es deudor de la empresa?. ¿Porqué Ardiles llegó a ser acreedor de la empresa?. ¿Por la compra de la deuda de CIVE con el Banco de Córdoba?. ¿Cuánto debía CIVE?. ¿Cuánto pagó Ardiles por ese pasivo?. ¿Un precio inferior a la deuda?. ¿Si fue así, porqué?. ¿Es normal que esto suceda o Ardiles tiene algún contacto en el gobierno?. ¿De quién hablamos? ¿Fue una operación programada para desalojar la empresa y dejar limpio el terreno? ¿Por qué subvaluaron los bienes que Ardiles pagará con el crédito de los trabajadores?. ¿Por qué los plazos para el pago son monedas para el valor venal de los bienes?. ¿Por qué la jueza excede los plazos para concebir la garantías que ofrece el señor Ardiles que estaría muy endeudado, y hasta se dice, con patrimonio negativo?. ¿Por qué Ardiles no la adquirió en el proceso previo de licitación cuando la fábrica estaba funcionando?. ¿Por qué siendo apoderado de los dueños de la empresa hoy se convierte en el adquirente por la decisión de una Jueza que no advirtió, o no quiso advertir, estos hechos que, presuntamente, resultan incompatibles por la doble función?. La Jueza ¿investiga si, Ardiles, sería un testaferro de empresarios interesados en “otros” negocios más rentables que la fábrica en sí misma?. ¿Por qué no investiga la relación de GRIVES S.A., empresa de la que sería dueño Ardiles y Monguillot, que fuera gerente de la Sindicatura de CIVE SA?. ¿Qué pasa con la administración y quiebra fraudulenta y vaciamiento de la empresa?. GRIVES S.A., u otras empresas vinculadas a Ardiles y Monguillot,¿ compraron a precios de costo la producción de CIVE, con plazos inusuales en plaza, hasta vaciarla?. ¿Por qué el gobierno provincial, que subvenciona empresas multinacionales y otorga subsidios escandalosos, no abre la boca sobre el tema ni toma una decisión política?. El ex director del CPC Villa Libertador, el ex sacerdote, Adrián Vitali, denuncia vinculación y apriete del ex funcionario de Recursos Humanos y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Marcel Bonetto en las oficina del CPC de Villa Libertador para que clausurara o cerrara CIVE?. ¿Fue antes o después de la venta que, según dice, le hizo a Ardiles de su propia fábrica de vidrios?. ¿Quién es el dueño, finalmente, de la fábrica de Marcel Bonetto?. ¿Los hermanos?. El capitalista, ¿es Ardiles?. ¿Tiene recursos para hacerlo?. ¿Nadie piensa en 70 familias que quedarían sin trabajo porque de accederse a la propuesta de Ardiles la fábrica emigraría a Río III? ¿Cuál es el valor de las 25 hectáreas que dejaría libres el traslado de la fábrica?. ¿Esconde otro fin estas operaciones?. ¿Hay una línea entre la legalidad y la corrupción que ee finita como un hilo de coser?. ¿Quiénes están detrás de este supuesto negocio?. ¿Qué destino tendrían esas 25 hectáreas a 30 cuadras del centro de Córdoba?. ¿Emprendimiento inmobiliario quizás?. Giacomino, sancionada la ordenanza, ¿qué hará?, ¿la aprobará o vetará?. ¿Saldrá antes del 28 de Junio como ofrenda electoral?. Córdoba ha sido tierra regada para los negocios en los últimos años. Propiciados por el gobierno provincial y, algunos, motivados por el municipal. Demasiadas sospechas hablarían de grosería, como CRESE y su expansión en Río IV, por ejemplo. Es probable que esto no tenga derivaciones en el corto plazo, o sí. Depende de las expectativas electorales. Años ha se estimulaba y se tomaban decisiones, (en buena hora), apretados por las necesidades de todo tipo como el caso de la Clínica Junín. No parece ser este el caso. El negocio no es el mismo. 25 mil metros cuadrados, fraccionados a 1000 dólares hablan de cifras aproximadas a los 15 y 20 millones de dólares. Datos sin mucha matemática y cuando ya nadie se acuerde de esto, de lo que decimos, de lo que sucedió -un gran negocio- los cordobeses admirarán por su belleza. Tampoco se acordarán de 70 familias cuyo destino no es de nadie. Y la Justicia de Concursos y Quiebras estará esperando nuevos incautos. " Ricardo Fonseca, Periodista.
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